Publicación en el Boletín Oficial:
PARANA, viernes 1º de abril de 2005 - Nº 23.258 - 062/05
DECRETO Nº 1169 GOB.
VISTO:
El derecho de la sociedad civil a conocer y debatir la actividad que se realiza dentro de la esfera pública
conforme al principio republicano de gobierno; y
CONSIDERANDO:
Que constituye un objetivo de esta administración fortalecer la relación entre el Estado y la Sociedad
Civil, a fin de fortalecer la democracia;
Que con la suscripción de la Convención Interamericana contra la Corrupción, nuestro país se
comprometió no solo a sancionar los actos de corrupción sino fundamentalmente a crear dispositivos que
busquen prevenir la misma;
Que existen distintos mecanismos de participación ciudadana que pueden considerarse vitales para el
sistema democrático;
Que la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho
de acceso a la información pública a través del artículo 1º, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del
Capítulo Segundo -que establece nuevos Derechos y Garantías- y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales;
Que la Constitución Provincial establece la forma de gobierno republicana y representativa y fija en su
artículo 5 la vigencia de todos los derechos y garantías declarados en la Constitución Nacional;
Que el mismo deriva claramente del principio de publicidad de los actos de gobierno que caracteriza al
sistema republicano y que conlleva el poder de los ciudadanos de ejercer un control sobre los actos de gobierno;
Que contribuye a reforzar la Democracia pues tiende a lograr una eficaz participación de los ciudadanos
en distintos ámbitos mejorando con ello la calidad de las instituciones;
Que es imperioso establecer un procedimiento común para todos los organismos, entidades, empresas,
sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione en jurisdicción del Poder Ejecutivo Provincial; Que a los efectos de la elaboración del presente decreto se han tomado en cuenta los proyectos
elaborados por organismos públicos tales como la SUBSECRETARIA PARA LA REFORMA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS de la NACIÓN; la OFICINA ANTICORRUPCIÓN de la NACIÓN; y el Decreto
Nº 1172/03 del PODER EJECUTIVO NACIONAL;
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA: Ver Decreto
jueves, 23 de mayo de 2013
Normativa Nacional sobre Acceso a la información Pública
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Decreto 1172/2003
Apruébanse los Reglamentos Generales de Audiencias Públicas
para el Poder Ejecutivo Nacional, para la Publicidad de la Gestión de Intereses
en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, para la Elaboración Participativa de
Normas, del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional y
de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos,
Formularios de inscripciones, registro y presentación de opiniones y
propuestas. Establécese el acceso libre y gratuito vía Internet a la edición
diaria del Boletín Oficial de la República Argentina.
Bs. As., 3/12/2003
VISTO
la necesidad de mejorar la calidad de la democracia y con la
certeza de que el buen funcionamiento de sus instituciones es condición
indispensable para el desarrollo sostenido, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Nacional garantiza el principio de
publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información
pública a través del artículo 1º, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes
del Capítulo Segundo —que establece nuevos Derechos y Garantías— y del artículo
75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados
Internacionales. Que constituye un objetivo de esta administración fortalecer
la relación entre el Estado y la Sociedad Civil, en el convencimiento de que
esta alianza estratégica es imprescindible para concretar las reformas
institucionales necesarias para desarrollar una democracia legítima,
transparente y eficiente.
Que para lograr el saneamiento de las Instituciones debe
darse un lugar primordial a los mecanismos que incrementan la transparencia de
los actos de gobierno, a los que permiten un igualitario acceso a la
información y a los que amplían la participación de la sociedad en los procesos
decisorios de la administración.
Que la Audiencia Pública habilita la participación ciudadana
en el proceso de toma de decisiones a través de un espacio institucional en el
que todos aquellos que puedan sentirse afectados, manifiesten su conocimiento o
experiencia y presenten su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto
de la decisión a adoptarse. Dichas opiniones —no obstante su carácter no
vinculante— deben ser consideradas adecuadamente, estableciéndose la obligación
de la autoridad de fundamentar sus desestimaciones.
Que la publicidad de la Gestión de Intereses es necesaria a
efectos de que se conozcan los encuentros que mantienen con funcionarios
públicos las personas que representan un interés determinado, así como el
objetivo de estos encuentros, para que grupos sociales interesados, ya sean
empresariales, profesionales o ciudadanos en general, puedan acceder a tal
información.
Que la Elaboración Participativa de Normas es un
procedimiento que, a través de consultas no vinculantes, involucra a sectores
interesados y a la ciudadanía en general en la elaboración de normas
administrativas y de proyectos de ley para ser elevados por el Poder Ejecutivo
Nacional al Honorable Congreso de la Nación, cuando las características del
caso —respecto de su viabilidad y oportunidad— así lo impongan.
Que el derecho de Acceso a la Información Pública es un
prerrequisito de la participación que permite controlar la corrupción,
optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad
de vida de las personas al darle a éstas la posibilidad de conocer los
contenidos de las decisiones que se toman día a día para ayudar a definir y
sustentar lo propósitos para una mejor comunidad.
Que las Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los
Servicios Públicos han de permitir poner fin a uno de los reductos del secreto
que suele encubrir corrupción o arbitrariedad en decisiones que afectan y,
frecuentemente, perjudican a los usuarios. La presencia como oyente en la
reunión permitirá, a quien esté interesado, conocer las opiniones que cada uno
de los miembros del Organo de Dirección adopta frente a las cuestiones que
deben tratarse.
Que a efectos de institucionalizar los instrumentos de las
Audiencias Públicas, el Registro de la Gestión de Intereses, la Elaboración
Participativa de Normas, el Libre Acceso a la Información Pública y las
Reuniones Abiertas, se hace necesario establecer, para cada uno de ellos, un
procedimiento común al universo de organismos, entidades, empresas, sociedades,
dependencias y todo otro ente que funcione en jurisdicción del Poder Ejecutivo
Nacional.
Que resulta pertinente establecer el acceso libre y gratuito
vía Internet a la edición diaria de la totalidad de las secciones del Boletín
Oficial de la República Argentina, durante el día hábil administrativo de su
publicación gráfica. Asimismo, corresponde señalar que los anexos de los actos
administrativos emanados del PODER EJECUTIVO NACIONAL no publicados en la
edición gráfica, podrán visualizarse a través del sitio
www.boletinoficial.gov.ar.
Que la reglamentación de los instrumentos de las Audiencias
Públicas, el Registro de Gestión de Intereses, la Elaboración Participativa de
Normas, el Libre Acceso a la Información y las Reuniones Abiertas, reafirman la
voluntad del Poder Ejecutivo Nacional de emprender una reforma política
integral para una nueva cultura orientada a mejorar la calidad de la democracia
garantizando, en cada uno de los casos, el máximo flujo informativo entre los
actores sociales y sus autoridades a fin de asegurar el ejercicio responsable
del poder.
Que a los efectos de la elaboración del presente decreto se
han tomado en cuenta los proyectos elaborados por organismos públicos tales
como la SUBSECRETARIA PARA LA REFORMA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y por la OFICINA
ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, como
así también las propuestas sugeridas por organizaciones de la sociedad civil a
través de la Mesa de Reforma Política del Diálogo Argentino y del Foro Social
para la Transparencia.
Que, asimismo, se han tomado en cuenta las experiencias que
efectuara la OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y
DERECHOS HUMANOS al someter a debate público a través del Procedimiento de
Elaboración Participativa de Normas sus anteproyectos legislativos de Acceso a
la Información y de Publicidad de la Gestión de Intereses.
Que el Servicio Jurídico pertinente ha tomado la
intervención que le compete.
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas
por el artículo 99 incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional.
Por ello, EL
PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA: (Ver Decreto)
martes, 19 de marzo de 2013
Reforma en Telecomunicaciones, México, 2013
Marzo 2014
Escuchar aquí entrevista a Santiago Marino sobre la reforma en telecomunicaciones de 2013 en México, en FM La Tribu. La Mar en coche.
Reforma de Telecomunicaciones en México, 2013
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Artículos periodísticos durante el debate en 2013:
19 de marzo de 2013
Por Gerardo Albarrán de Alba
Desde México DF
Entre la sorpresa de algunos críticos y la desconfianza que prevalece no sólo entre los jóvenes del movimiento #YoSoy132 sino del principal órgano empresarial del país, Enrique Peña Nieto dio un nuevo golpe efectista para reafirmar su legitimidad como presidente de México mediante una iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones negociada con el PRI, el PAN y el PRD, la cual aborda algunos pendientes históricos en la democratización de los medios y toca directamente los intereses de los principales monopolios nacionales de televisión y telefonía, pero también deja abierta la posibilidad de intromisión gubernamental en los contenidos difundidos por los medios.
Para algunos observadores, esta reforma implica que Peña Nieto busca sacudirse la influencia de Televisa, a la que se atribuye la construcción política del actual presidente, y también un freno a las ambiciones de Carlos Slim, quien domina la telefonía y la conexión a Internet en el país.
Por lo pronto, la primera reacción de Televisa, controlada por Emilio Azcárraga Jean, y de Telmex, la empresa insignia de Slim, fue de aceptación de la iniciativa de reforma de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual gira en torno de cinco ejes: reconocer el derecho al acceso a las tecnologías de la información; considerar a las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general; la creación de órganos reguladores autónomos, así como de tribunales especializados, y nuevas atribuciones gubernamentales en materia de concesiones de radio y televisión.
Además abre hasta el 49 por ciento a la participación de la inversión extranjera en radio y televisión, hasta ahora reservados para mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, y hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones. Ambas propuestas pretenden facilitar la culminación de la transición digital terrestre a más tardar el 31 de diciembre de 2015.
A punto de ser discutida y aprobada en la Cámara de Diputados, como primer paso del largo proceso que representa una reforma constitucional, la iniciativa pretende retomar la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, que es propiedad de la nación, mediante la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sería un órgano autónomo del gobierno para sustituir a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones de Transportes y que históricamente ha sido utilizada discrecionalmente por los presidentes para presionar a los dueños de las televisoras y las estaciones de radio.
Los críticos reconocen que, pese a que tiene omisiones, contradicciones y ambigüedades, la propuesta de Peña Nieto, avalada por la oposición en el llamado Pacto por México, también representa un gran avance.
Destaca en la iniciativa la prohibición para la “transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”, una práctica común durante procesos electorales mediante la venta de notas o entrevistas a candidatos y partidos políticos, con pagos subrepticios. También se establece la obligatoriedad de “regular el derecho de réplica”, algo que no ocurre en radio y televisión.
La reforma pasa también por la digitalización de la radio y la multiprogramación, que abarca tanto radio como televisión, así como reconocer como derecho humano el acceso a la banda ancha de Internet.
En materia de competencia se abre la posibilidad de que Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, pueda entrar al negocio de la televisión restringida, algo que la administración de Felipe Calderón le negó mediante la interpretación torcida de instrumentos jurídicos, plegándose así a los deseos de Emilio Azcárraga Jean, el dueño de Televisa, que hasta ahora había logrado bloquear todo intento de competencia. De hecho, la iniciativa propone hasta dos nuevas cadenas de televisión abierta, lo que rompería el duopolio que representan Televisa y Televisión Azteca, las dos empresas que juntas controlan los principales siete canales del país.
Fuera de México, la reforma propuesta por Peña Nieto fue alabada por Financial Times, The Wall Street Journal y The Economist. El semanario estadounidense le atribuyó la intención de eliminar los bloqueos monopólicos en el sector de la telefonía, Internet y de la televisión, afectando los intereses de Azcárraga y de Slim. Por lo pronto, las acciones de Televisa y de Telmex en la Bolsa Mexicana de Valores e incluso en la Bolsa de Nueva York sufrieron considerables pérdidas la semana pasada, tras conocerse el contenido de la reforma.
Una preocupación es un añadido constitucional al artículo 6, que da al Estado la facultad de tutelar “la pluralidad y la veracidad de la información” que se difunde por medios de radiodifusión. Esto abriría las puertas para que el gobierno se erija como censor. Sin embargo, el artículo 7 de la Constitución considera “inviolable” la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio y prohíbe los controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, infraestructura y tecnologías de la información y comunicación.
El Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa a las principales empresas del país, celebró la iniciativa de reforma, pero advirtió los riesgos en materia de regulación de contenidos y los consecuentes excesos que podrían limitar la libertad de expresión en México. Por lo mismo, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios expresó su preocupación porque el nuevo órgano regulador propuesto se convierta en juez y parte, lo que tal vez desincentive la inversión privada en el sector de telecomunicaciones.
Paradójicamente, la desconfianza empresarial se empata con el rechazo del movimiento #YoSoy132, que reclamó la inclusión de las propuestas ciudadanas para validar la iniciativa de Peña Nieto, en tanto que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, junto con más de 200 organizaciones civiles y cientos de personalidades públicas, lanzó una campaña pública para presionar a los legisladores y que éstos aprueben una reforma que signifique una verdadera democratización del sistema de medios que garantice la competencia y el derecho a la información de la sociedad mexicana y no sea una mera operación de gatopardismo.
Fuente: Página 12
Escuchar aquí entrevista a Santiago Marino sobre la reforma en telecomunicaciones de 2013 en México, en FM La Tribu. La Mar en coche.
Reforma de Telecomunicaciones en México, 2013
La reforma
en telecomunicaciones de 2013 en México es una reforma constitucional
presentada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dentro del
marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México. Fue
aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2013 y por el Senado de
la República cinco días después. El 22 de mayo de 2013, la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión la declaró constitucional. Fue promulgada por el
Presidente Enrique Peña Nieto el 10 de junio de 2013 y publicada al día
siguiente en el Diario Oficial de la Federación.
El 2 de
diciembre de 2012, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; Gustavo
Madero Muñoz, Presidente del Partido Acción Nacional; Cristina Díaz Salazar,
Presidente Interina del Partido Revolucionario Institucional; y Jesús Zambrano
Grijalva, Presidente del Partido de la Revolución Democrática, firmaron el
Pacto por México. Uno de los cinco grandes acuerdos es la generación de
condiciones para el crecimiento económico, los empleos y la competitividad, el
cual a su vez contiene dos acuerdos:2
- · Extender los beneficios de una economía formada por mercados competidos
- · Garantizar acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial
Se reforman
el artículo 6 para regular el derecho a la información y la protección de datos
personales; el artículo 7 para establecer la inviolabilidad de la difusión de
opiniones, información e ideas a través de cualquier medio; los artículos 27 y
28 para conferir al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad de
otorgar y revocar concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones
y que sus decisiones solo puedan ser impugnadas mediante juicio de amparo
indirecto; el artículo 73 para dotar al Congreso de facultades expresas para
dictar leyes en materia de tecnologías de la información y la comunicación,
radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet; el
artículo 78 para suprimir la facultad de la Comisión Permanente de ratificar
los nombramientos de los integrantes de los órganos reguladores en materia de
telecomunicaciones y competencia económica; y el artículo 94 para que el
Consejo de la Judicatura Federal determine el número, división de circuitos,
competencia territorial y especialización en materia a los juzgados y
tribunales especializados en radiodifusión, telecomunicaciones y competencia
económica.
Se adicionan
el artículo 6 para garantizar la inclusión de la población a la sociedad de la
información y del conocimiento y su acceso a las tecnologías de la información
y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha
e Internet, siendo éstos prestados en condiciones de competencia, calidad,
pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y
continuidad, para determinar que los ataques a la vida privada son una
limitación a la libertad de difusión (anteriormente ubicada en el artículo 7),
para establecer un organismo público que proveerá el servicio de radiodifusión
sin fines de lucro; y el artículo 28 para crear la Comisión Federal de
Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones y para
permitir a este último las acciones necesarias para evitar prácticas desleales
o monopólicas y establecer medidas correctiva.
En los
artículos transitorios se establece que el Congreso de la Unión realizará las
adecuaciones correspondientes al marco jurídico y el ordenamiento legal sobre
el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y las redes
de telecomunicaciones; que se permite la inversión extranjera directa hasta el
cien por ciento en telecomunicaciones y comunicaciones vía satélite y hasta el
cuarenta y nueve por ciento en radiodifusión; que el Presidente de la República
tiene a cargo la política de inclusión digital; y otras disposiciones más.
La
iniciativa llega a la Cámara de Diputados el 11 de marzo de 2013 a través de la
Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación mediante
oficio del Subsecretario Felipe Solís Acero a la Mesa Directa de la Cámara. Al día
siguiente, 12 de marzo se envía para su estudio y análisis a la Comisión de
Puntos Constitucionales.
El 14 de
marzo, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general y en lo
particular el dictamen recibido. Una semana después, el pleno de la Cámara de
Diputados inició la discusión del dictamen de reforma y agregó una veintena de
cambios, aprobando el dictamen en lo general con 414 votos a favor, 50 en
contra y 8 abstenciones. Durante la discusión en lo particular se rechazaron
las reservadas presentadas por algunos diputados y posteriormente se envió al
Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Dentro de
las modificaciones que se le hicieron a la iniciativa presidencial se
encuentran: que Secretario de Comunicaciones y Transportes emita una opinión no
vinculante al Instituto Federal de Telecomunicaciones para el otorgamiento y
retiro de concesiones; la ampliación del tiempo para la licitación de las
nuevas cadenas de televisión, la autorización para inversión extranjera en
radiodifusión hasta por cuarenta y nueve por ciento, así la promoción de
contenidos a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, y la obligación de
dar espacio a los productores independientes.
El Senado de
la República recibió el 2 de abril la minuta de la Cámara de Diputados y la
turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Comunicaciones y
Transporte, Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con
opinión de las de Gobernación y de Justicia.
El 9 de
abril se llegó al acuerdo sobre la ruta crítica para el análisis y discusión de
la minuta de reforma, en el que se incluyen foros con especialistas,
académicos, técnicos e involucrados en los temas de la reforma. Así, durante
los días 10, 11 y 12 de abril, el Senado de la República recibió a
representantes diversas instituciones, entre ellas las siguientes:
- · Centro de Investigación y Docencia Económicas
- · Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
- · Observatel
- · Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales
- · Asociación Mexicana de Derecho a la Información
- · Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones
- · Movimiento YoSoy132
- · Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
- · Cámara Nacional de las Telecomunicaciones por Cable
- · Cámara Nacional de Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
- · Asociación Nacional de Telecomunicaciones
- · Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
- · Competitive Intelligence Unit
- · Comisión Federal de Telecomunicaciones
- · Consejo Coordinador Empresarial
- · TV UNAM
- · Congreso Nacional de Comunicación Indígena
- · Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana
- · Comisión Federal de Competencia
- · Días después de concluidos los foros consultivos, se recibió la opinión positiva de la Comisión de Gobernación.
El 19 de
abril, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Comunicaciones y
Transporte, Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos,
aprobaron el dictamen de reforma con 18 modificaciones. Ese mismo día inicia el
análisis y discusión por el pleno del Senado y se aprueba en lo general con 118
votos a favor y 3 en contra y en lo particular.
Al ser
aprobada con modificaciones, la iniciativa fue devuelta a la Cámara de Diputados
para su análisis, discusión y votación en los términos del artículo 72
constitucional.
El 29 de
abril, el pleno del Senado de la República conoció de primer lectura los cambios
que realizó la Cámara de Diputados. Al día siguiente, aprobó, con 108 votos a
favor, 3 en contra y 2 abstenciones, la modificación a la reforma en materia de
telecomunicaciones; concluyendo así su discusión y análisis en el Congreso de
la Unión para pasar a las legislaturas locales.
Según lo
dispuesto en el artículo 135 constitucional, al ser la reforma en
telecomunicaciones una reforma constitucional, para que sea válida después de
aprobada por dos terceras partes de las Cámaras de Congreso de la Unión, la
mayoría de las legislaturas de los estados deben aprobar las reformas y
adiciones del proyecto de decreto. El primer
estado en aprobar la reforma fue el Estado de México. Una vez ratificada por la
mayoría de los congresos estatales, el 22 de mayo de 2013, la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma.
Fue
promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto el 10 de junio de 2013 teniendo
como testigos a los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, su
Secretario de Comunicaciones y Transportes, los coordinadores parlamentarios
del Senado y de la Cámara de Diputados, así como gobernadores y demás miembros
de su gabinete. Al día siguiente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
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Artículos periodísticos durante el debate en 2013:
19 de marzo de 2013
Por Gerardo Albarrán de Alba
Desde México DF
Entre la sorpresa de algunos críticos y la desconfianza que prevalece no sólo entre los jóvenes del movimiento #YoSoy132 sino del principal órgano empresarial del país, Enrique Peña Nieto dio un nuevo golpe efectista para reafirmar su legitimidad como presidente de México mediante una iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones negociada con el PRI, el PAN y el PRD, la cual aborda algunos pendientes históricos en la democratización de los medios y toca directamente los intereses de los principales monopolios nacionales de televisión y telefonía, pero también deja abierta la posibilidad de intromisión gubernamental en los contenidos difundidos por los medios.
Para algunos observadores, esta reforma implica que Peña Nieto busca sacudirse la influencia de Televisa, a la que se atribuye la construcción política del actual presidente, y también un freno a las ambiciones de Carlos Slim, quien domina la telefonía y la conexión a Internet en el país.
Por lo pronto, la primera reacción de Televisa, controlada por Emilio Azcárraga Jean, y de Telmex, la empresa insignia de Slim, fue de aceptación de la iniciativa de reforma de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual gira en torno de cinco ejes: reconocer el derecho al acceso a las tecnologías de la información; considerar a las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general; la creación de órganos reguladores autónomos, así como de tribunales especializados, y nuevas atribuciones gubernamentales en materia de concesiones de radio y televisión.
Además abre hasta el 49 por ciento a la participación de la inversión extranjera en radio y televisión, hasta ahora reservados para mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, y hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones. Ambas propuestas pretenden facilitar la culminación de la transición digital terrestre a más tardar el 31 de diciembre de 2015.
A punto de ser discutida y aprobada en la Cámara de Diputados, como primer paso del largo proceso que representa una reforma constitucional, la iniciativa pretende retomar la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, que es propiedad de la nación, mediante la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sería un órgano autónomo del gobierno para sustituir a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones de Transportes y que históricamente ha sido utilizada discrecionalmente por los presidentes para presionar a los dueños de las televisoras y las estaciones de radio.
Los críticos reconocen que, pese a que tiene omisiones, contradicciones y ambigüedades, la propuesta de Peña Nieto, avalada por la oposición en el llamado Pacto por México, también representa un gran avance.
Destaca en la iniciativa la prohibición para la “transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”, una práctica común durante procesos electorales mediante la venta de notas o entrevistas a candidatos y partidos políticos, con pagos subrepticios. También se establece la obligatoriedad de “regular el derecho de réplica”, algo que no ocurre en radio y televisión.
La reforma pasa también por la digitalización de la radio y la multiprogramación, que abarca tanto radio como televisión, así como reconocer como derecho humano el acceso a la banda ancha de Internet.
En materia de competencia se abre la posibilidad de que Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, pueda entrar al negocio de la televisión restringida, algo que la administración de Felipe Calderón le negó mediante la interpretación torcida de instrumentos jurídicos, plegándose así a los deseos de Emilio Azcárraga Jean, el dueño de Televisa, que hasta ahora había logrado bloquear todo intento de competencia. De hecho, la iniciativa propone hasta dos nuevas cadenas de televisión abierta, lo que rompería el duopolio que representan Televisa y Televisión Azteca, las dos empresas que juntas controlan los principales siete canales del país.
Fuera de México, la reforma propuesta por Peña Nieto fue alabada por Financial Times, The Wall Street Journal y The Economist. El semanario estadounidense le atribuyó la intención de eliminar los bloqueos monopólicos en el sector de la telefonía, Internet y de la televisión, afectando los intereses de Azcárraga y de Slim. Por lo pronto, las acciones de Televisa y de Telmex en la Bolsa Mexicana de Valores e incluso en la Bolsa de Nueva York sufrieron considerables pérdidas la semana pasada, tras conocerse el contenido de la reforma.
Una preocupación es un añadido constitucional al artículo 6, que da al Estado la facultad de tutelar “la pluralidad y la veracidad de la información” que se difunde por medios de radiodifusión. Esto abriría las puertas para que el gobierno se erija como censor. Sin embargo, el artículo 7 de la Constitución considera “inviolable” la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio y prohíbe los controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, infraestructura y tecnologías de la información y comunicación.
El Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa a las principales empresas del país, celebró la iniciativa de reforma, pero advirtió los riesgos en materia de regulación de contenidos y los consecuentes excesos que podrían limitar la libertad de expresión en México. Por lo mismo, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios expresó su preocupación porque el nuevo órgano regulador propuesto se convierta en juez y parte, lo que tal vez desincentive la inversión privada en el sector de telecomunicaciones.
Paradójicamente, la desconfianza empresarial se empata con el rechazo del movimiento #YoSoy132, que reclamó la inclusión de las propuestas ciudadanas para validar la iniciativa de Peña Nieto, en tanto que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, junto con más de 200 organizaciones civiles y cientos de personalidades públicas, lanzó una campaña pública para presionar a los legisladores y que éstos aprueben una reforma que signifique una verdadera democratización del sistema de medios que garantice la competencia y el derecho a la información de la sociedad mexicana y no sea una mera operación de gatopardismo.
Fuente: Página 12
La regulación de la prensa británica
19 de marzo de 2013
LOS TRES PRINCIPALES PARTIDOS POLITICOS CONSENSUARON MEDIDAS PARA EVITAR LA MALA PRAXIS DE LOS MEDIOS IMPRESOS
Por Marcelo Justo
Desde Londres
La policía está investigando cientos de nuevos casos de escuchas telefónicas del fenecido dominical del Grupo Murdoch News of the World. Las revelaciones de un informante del periódico ponen otra vez contra las cuerdas al imperio mediático que mediante indemnizaciones y arreglos extrajudiciales estaba buscando sepultar la investigación.
Mientras tanto, los tres principales partidos políticos alcanzaron el domingo por la noche un acuerdo sobre la regulación de la prensa escrita. “Mi mensaje a la prensa es claro. Hemos debatido el tema. Es hora de que miremos adelante y hagamos funcionar este nuevo sistema”, indicó el primer ministro David Cameron a una sesión de emergencia del Parlamento.
El nuevo marco regulatorio, que establece multas de hasta un millón de libras y obliga a los periódicos a pedir públicamente perdón si incurren en abusos, contará con la sanción de la reina Isabel II por medio de un acta real y sólo podrá modificarse con una mayoría parlamentaria de dos tercios. El acuerdo interpartidario esconde una sorda batalla en torno del tema. En noviembre pasado la Comisión Leveson propuso que continuara la autorregulación de la prensa con un código de conducta más estricto y la creación por ley de un nuevo organismo supervisor que vigilara el cumplimiento de las normas. La propuesta era moderada, pero la mayoría de los grandes medios puso el grito en el cielo y el primer ministro conservador, David Cameron, convocó a una negociación con los otros partidos dejando en claro que se oponía a que el Parlamento sancionara una ley porque era “una amenaza a la libertad de prensa”.
En los meses de negociación interpartidaria que siguieron, los conservadores propusieron un acta real para subsanar la falta de apuntalamiento legal que tendría el nuevo marco. La propuesta fue rechazada por sus aliados en el gobierno, los liberaldemócratas, y por la oposición laborista y las víctimas de abusos de la prensa, nucleados en torno de la agrupación Hacked off. El jueves pasado el premier Cameron dio por finalizada las negociaciones y convocó a una votación parlamentaria para ayer lunes. A última hora del domingo por la noche se llegó al acuerdo mediante un subterfugio. Las tres partes apoyaban la promulgación de una ley que estipula que un acta real sólo podrá ser revocada por las dos terceras partes de la Cámara de los Lores y los Comunes. Ambas partes pudieron reivindicar una victoria política. El interrogante es si este nuevo marco evitará nuevos abusos.
La autorregulación de la prensa fue consagrada en 1953 como una suerte de principio democrático sagrado, pero ha sido cuestionada y examinada por siete comisiones en las últimas décadas. La última de estas comisiones formada durante los escándalos familiares que sacudieron a la familia real (princesa Diana, divorcios, etc.) a principios de los ‘90 concluyó que era la última oportunidad para la autorregulación de la prensa. El experimento falló, como dejó en claro el escándalo de las escuchas telefónicas. El mismo Cameron se vio obligado a crear en julio de 2011 una nueva comisión investigadora de la prensa, luego de que se revelara que News of the World había interferido el celular de una adolescente desaparecida y surgiera una catarata de denuncias similares de víctimas de violaciones, familiares de los caídos en Afganistán e Irak o cualquier otro tema que hubiera captado el ojo mediático.
Desde que saltó el primer caso en 2005 –la escucha telefónica del príncipe William– se ha iniciado juicio a 16 personas, entre ellos la otrora número dos de Rupert Murdoch, Rebekah Brooks, y el ex jefe de prensa del primer ministro Cameron y ex editor del dominical David Coulson. El Grupo Murdoch aceptó pagar indemnizaciones en 254 casos y hay más de 250 demandas iniciadas, que incluyen a la esposa de Tony Blair, Cherie, y a Ted Beckham, padre del futbolista. En febrero, seis directivos del News of the World fueron arrestados y el jueves pasado el escándalo se extendió de lleno a otro grupo, el Trinity Mirror, con el arresto de Tina Weaver, ex editora de Sunday Mirror, y otros tres colegas suyos. Este lunes, un abogado de las víctimas, Hugh Tomilson, dijo ante el Alto Tribunal de Londres que la policía había descubierto cientos de nuevos casos de escuchas telefónicas.
El golpe más duro ha sido por el momento para Rupert Murdoch y News Corporation, segundo grupo mediático del mundo. Murdoch tuvo que abandonar su intento de ganar control absoluto de la cadena BSkyB y compareció dos veces ante el Parlamento. En mayo del año pasado la Comisión de Cultura, Medios y Deportes declaró que no era “una persona con las condiciones y requisitos” para estar al frente de una compañía internacional. Si bien su control accionario de News Corporation (un 39 por ciento) le permite mantener las riendas del grupo, su influencia ha disminuido. En los últimos meses se ha desprendido de un millón de acciones de la compañía y su hijo James, hasta antes del escándalo considerado el heredero del grupo, renunció el año pasado como director ejecutivo de News Internationl, el brazo británico de la compañía, y como presidente de BskyB. James Murdoch declaró repetidamente que todo el escándalo de las escuchas se debía a “una manzana podrida”. El golpe letal para su carrera y la de su padre sería si la investigación policial en marcha llega a determinar que uno de los dos o ambos conocían y condonaban una práctica de espionaje periodístico que era vox populi en ambientes de prensa y que había llegado a la cultura popular de las series televisivas sobre el periodismo.
Fuente: Página 12.
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LOS TRES PRINCIPALES PARTIDOS POLITICOS CONSENSUARON MEDIDAS PARA EVITAR LA MALA PRAXIS DE LOS MEDIOS IMPRESOS
Luz verde para regular la prensa británica: ver online
El marco regulatorio establece multas de hasta un millón de libras y obliga a los diarios a pedir públicamente perdón si incurren en abusos. Contará con la sanción de la reina Isabel II por medio de un acta real sólo modificable en el Parlamento.
Por Marcelo Justo
Desde Londres
Mientras tanto, los tres principales partidos políticos alcanzaron el domingo por la noche un acuerdo sobre la regulación de la prensa escrita. “Mi mensaje a la prensa es claro. Hemos debatido el tema. Es hora de que miremos adelante y hagamos funcionar este nuevo sistema”, indicó el primer ministro David Cameron a una sesión de emergencia del Parlamento.
El nuevo marco regulatorio, que establece multas de hasta un millón de libras y obliga a los periódicos a pedir públicamente perdón si incurren en abusos, contará con la sanción de la reina Isabel II por medio de un acta real y sólo podrá modificarse con una mayoría parlamentaria de dos tercios. El acuerdo interpartidario esconde una sorda batalla en torno del tema. En noviembre pasado la Comisión Leveson propuso que continuara la autorregulación de la prensa con un código de conducta más estricto y la creación por ley de un nuevo organismo supervisor que vigilara el cumplimiento de las normas. La propuesta era moderada, pero la mayoría de los grandes medios puso el grito en el cielo y el primer ministro conservador, David Cameron, convocó a una negociación con los otros partidos dejando en claro que se oponía a que el Parlamento sancionara una ley porque era “una amenaza a la libertad de prensa”.
En los meses de negociación interpartidaria que siguieron, los conservadores propusieron un acta real para subsanar la falta de apuntalamiento legal que tendría el nuevo marco. La propuesta fue rechazada por sus aliados en el gobierno, los liberaldemócratas, y por la oposición laborista y las víctimas de abusos de la prensa, nucleados en torno de la agrupación Hacked off. El jueves pasado el premier Cameron dio por finalizada las negociaciones y convocó a una votación parlamentaria para ayer lunes. A última hora del domingo por la noche se llegó al acuerdo mediante un subterfugio. Las tres partes apoyaban la promulgación de una ley que estipula que un acta real sólo podrá ser revocada por las dos terceras partes de la Cámara de los Lores y los Comunes. Ambas partes pudieron reivindicar una victoria política. El interrogante es si este nuevo marco evitará nuevos abusos.
La autorregulación de la prensa fue consagrada en 1953 como una suerte de principio democrático sagrado, pero ha sido cuestionada y examinada por siete comisiones en las últimas décadas. La última de estas comisiones formada durante los escándalos familiares que sacudieron a la familia real (princesa Diana, divorcios, etc.) a principios de los ‘90 concluyó que era la última oportunidad para la autorregulación de la prensa. El experimento falló, como dejó en claro el escándalo de las escuchas telefónicas. El mismo Cameron se vio obligado a crear en julio de 2011 una nueva comisión investigadora de la prensa, luego de que se revelara que News of the World había interferido el celular de una adolescente desaparecida y surgiera una catarata de denuncias similares de víctimas de violaciones, familiares de los caídos en Afganistán e Irak o cualquier otro tema que hubiera captado el ojo mediático.
Desde que saltó el primer caso en 2005 –la escucha telefónica del príncipe William– se ha iniciado juicio a 16 personas, entre ellos la otrora número dos de Rupert Murdoch, Rebekah Brooks, y el ex jefe de prensa del primer ministro Cameron y ex editor del dominical David Coulson. El Grupo Murdoch aceptó pagar indemnizaciones en 254 casos y hay más de 250 demandas iniciadas, que incluyen a la esposa de Tony Blair, Cherie, y a Ted Beckham, padre del futbolista. En febrero, seis directivos del News of the World fueron arrestados y el jueves pasado el escándalo se extendió de lleno a otro grupo, el Trinity Mirror, con el arresto de Tina Weaver, ex editora de Sunday Mirror, y otros tres colegas suyos. Este lunes, un abogado de las víctimas, Hugh Tomilson, dijo ante el Alto Tribunal de Londres que la policía había descubierto cientos de nuevos casos de escuchas telefónicas.
El golpe más duro ha sido por el momento para Rupert Murdoch y News Corporation, segundo grupo mediático del mundo. Murdoch tuvo que abandonar su intento de ganar control absoluto de la cadena BSkyB y compareció dos veces ante el Parlamento. En mayo del año pasado la Comisión de Cultura, Medios y Deportes declaró que no era “una persona con las condiciones y requisitos” para estar al frente de una compañía internacional. Si bien su control accionario de News Corporation (un 39 por ciento) le permite mantener las riendas del grupo, su influencia ha disminuido. En los últimos meses se ha desprendido de un millón de acciones de la compañía y su hijo James, hasta antes del escándalo considerado el heredero del grupo, renunció el año pasado como director ejecutivo de News Internationl, el brazo británico de la compañía, y como presidente de BskyB. James Murdoch declaró repetidamente que todo el escándalo de las escuchas se debía a “una manzana podrida”. El golpe letal para su carrera y la de su padre sería si la investigación policial en marcha llega a determinar que uno de los dos o ambos conocían y condonaban una práctica de espionaje periodístico que era vox populi en ambientes de prensa y que había llegado a la cultura popular de las series televisivas sobre el periodismo.
Fuente: Página 12.
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15 de julio de 2013
El caso inglés: ver online
Después del escándalo de las escuchas telefónicas y el hackeo de los medios del grupo Murdoch, Gran Bretaña debate varias leyes muy duras –y caras– para regular la prensa. Una charla con un experto para entender los peligros y las ventajas del sistema.
La propuesta de regular los medios en el Reino Unido surgió de la investigación de la Comisión Leveson, un organismo creado en 2011 por el primer ministro conservador David Cameron tras el escándalo de las escuchas del semanario News of the World. Ahora, los tres partidos principales (Conservador, Laborista y Liberal) encaran el proceso de legislar. Aquí, la compleja trama de ese debate explicada por el especialista Padraig Reidy.
–¿Cómo se puede visualizar a mediano plazo el efecto del Informe Leveson? El director de The Independent escribió que había que digerir con cuidado mucho de lo propuesto. El y otros editores decidieron no pedir el derecho a veto de los funcionarios que administren las nuevas reglas, pero sí quedaba en claro el derecho a la independencia de la prensa.
–Hay que tomar las cosas del principio. Hubo una Carta Real (Royal Charter) para la regulación de los medios que se debatió en diferentes círculos hasta publicarse el informe en noviembre de 2012. Después de muchas objeciones, la que menciona usted y muchas más, el gobierno de David Cameron, con el respaldo de los tres partidos principales (Conservador, Laborista y Liberal), propuso un texto. La primera objeción de los principales grupos de medios fue que no fueron consultados en la redacción de la Carta Real.
–La negociación interpartidaria ¿puede decirse que fue dentro de los límites del Parlamento británico?
–Fue negociado por los tres partidos principales, fuera del Parlamento. El gobierno llevó el texto acordado a la Cámara y ahí se votó. Los artículos se incluyeron en varias leyes. Por lo tanto hay una sección que se refiere al pago de “costas ejemplares” que Index on Censorship considera muy controvertida por sus alcances y que fue incorporada muy subrepticiamente a una ley sobre juzgados y acción penal. De esa misma forma hay otras partes del Informe que fueron incorporadas a otras leyes. Eso hace que no haya una sola ley sino muchos artículos a los cuales la autoridad o quien fuere puede recurrir. Pero es a través de esas diversas formas legislativas que tiene que surgir una administración de la Carta Real. Es un recurso muy arcaico, no es una ley en sí misma, es algo que concede el Consejo Privado, el cuerpo que asesora a la reina. Pueden autorizar Cartas que crean cuerpos específicos: las universidades las tienen, como la BBC. En nuestro caso, el gobierno quiere que la nueva Carta Real instale un regulador de los medios. Por ahora, los diarios no son parte de la solución, cosa que molesta. Los periódicos más grandes han hecho objeciones.
–¿El gobierno trató de hacer esto a espaldas de los demás? ¿O los partidos lo decidieron entre ellos? Necesito entender qué ha sucedido desde la creación de la Comisión Leveson hasta ahora...
–En los últimos tiempos, todo el espectro político y también todos los medios estaban a la expectativa de lo que podía resultar. Primero se nombró a los lores Patrick Hodge (de la Corte Suprema) y Guy Black antes director de la Comisión de Quejas Contra la Prensa para que encontraran un nuevo modelo. Se demoró todo porque no actuaron con la celeridad prometida. A partir de ahí el Partido Laborista, de oposición, utilizó el recurso que describí antes, de meter agregados y reformas en otras leyes en la Cámara alta (de los lores), para torcerle el brazo al gobierno. Luego, el gobierno propuso su propia reforma en la Cámara alta (lores) para detener los cambios del laborismo. Esa complicación estuvo a cargo de lord David Puttnam, más conocido como director de cine (Carrozas de fuego, 1981). La zancadilla dejó abierta al gobierno la posibilidad de introducir en la de Ley Antidifamación parte de los requerimientos de Leveson, de protección de la privacidad, cosa que el laborismo no quería. Para nosotros fue un golpe porque hace cuatro años que venimos reclamando la reforma de la ley contra la difamación...
–No sé cómo voy a explicar esto en Buenos Aires. Es una pesadilla de triquiñuelas y operaciones. Esta campaña de Index on Censorship ¿es parte de otra, contra la ley de libelo?
–Así es, logramos abolir parte de la ley contra el libelo, que era un juego legal para que los ricos y famosos ganen plata y los pobres se queden sin nada. La reemplazaron con la ley contra la difamación. Puttnam incorporó los apéndices de Leveson en esta ley. Esto parece un gesto sin fuerza porque los lores no tienen gran fuerza legislativa, pero instalan proyectos que luego se debaten y pueden quedar fijos al pasar por la Cámara baja. Eso amenazaba los cambios por los que el Index había hecho campaña. Parecía que el Partido Laborista iba a seguir en esa línea para demorar o demoler otros proyectos. Por lo tanto el gobierno de Cameron decidió que, si eso seguía, la oposición le iba a demorar o postergar todo su programa. El resultado de estas idas y venidas fue que representantes de los tres partidos principales se reunieron a las 23 horas de un domingo con algunos de los lobbistas que apoyaban la regulación (como ser el grupo HackedOff, que encabeza el actor Hugh Grant, aquel de Cuatro bodas y un funeral). El Partido Laborista llevó a la reunión a varios lobbistas, sin avisar a los conservadores. El resultado fue algo extraño y apurado y concluyó a las tres de la mañana. Al día siguiente se presentó lo acordado en la reunión y en esa tarde del lunes se votó. Al enterarse, los diarios dijeron que no apoyarían. El director de The Guardian, Alan Rusbridger, firmó un editorial pidiendo que bajaran las revoluciones y que la Comisión de Quejas contra los Medios se tomara un año para decidir cómo proceder. Con esto indicó que su diario no participaría. Luego un grupo de periódicos bastante fuertes hicieron una propuesta alternativa, que les daría mayor independencia. Por lo tanto, ahora, junio de 2013, tenemos una Carta Real del gobierno que debió debatirse en mayo por el Consejo Privado, que ha decidido estudiar la propuesta alternativa.
–¿Dónde está parado en todo esto el Consejo Privado? ¿Cómo lo explico?
–Eso no lo sé. Apenas lo comprendo yo y llevo años estudiando el tema...
–Probemos.
–El Consejo Privado es en parte un ente legislativo. Hasta hace poco tiempo era la Corte Suprema, o un supremo paralelo, si bien no estaba integrado por jueces. Hace cinco años que tenemos una Corte Suprema en este país. Antes se apelaba a la Alta Corte, formada en la Cámara de los Lores, y luego al Consejo Privado. Este estaba formado por ex ministros del gabinete, gente de la Justicia. Era un conglomerado del Establishment que actuaba como asesores de la corona. No es un grupo en las sombras ni secreto, ya no, pero tampoco es el Parlamento ni es un ente democrático. Tiene cierto poder en la creación de comisiones y el reconocimiento de autoridades.
–¿Qué significa un ente regulatorio para la prensa? Muchos países lo tienen pero varía de un lugar a otro.
–El modelo que se presenta en este momento es complicado. Hay un ente regulador de la industria, que vendría a ser algo como un Consejo Asesor para el Consumidor, como hay en energía, telefonía, etc. Antes teníamos la autorregulación de la actividad. Primero fue el Press Council (Consejo de la Prensa), luego el ya mencionado comité de quejas. Siempre hubo autorregulación, mediante Códigos de Práctica y cosas parecidas. A lo que se propone llegar ahora es la regulación mediante estatuto, cosa que significa por ley, pero con la participación voluntaria de las empresas. Entonces, lo que la burocracia va a establecer es un ente regulador y por encima de ese otro regulador que regulará al ente regulador. ¿Hasta ahí vamos claro?
–No, pero sigamos, seguramente a los abogados y a los estudiantes que leen les puede interesar.
–La estructura que mencioné es creada por Carta Real o, más bien, por los políticos en la Justicia. Y después se le agrega el Parlamento para advertir que el regulador no puede excederse en su interferencia. A eso hay que agregar la cláusula de “costas excepcionales”, antes mencionada en la ley de crímenes y juzgados, que le puede salir muy caro a una empresa periodística si pierde en un juicio. Como dije antes, la participación en el ente regulador es voluntaria, técnicamente. Pero si la empresa no está asociada al ente y pierde una causa, no tiene protección del consejo asesor del gremio y las “costas ejemplares” pueden ser devastadoras.
–Resumiendo, el ente regulador... si es que se constituye con sus cuerpos superiores y agregados y los agregaditos de legislación que introdujeron los diversos partidos políticos se consideran también además de las provisiones del ente regulador...
–Usted parece empezar a comprender. Entienda, por lo tanto, que el castigo por no integrar la comisión reguladora ya está establecido. Lo que falta es el ente regulador. Si su empresa de medios no es miembro del regulador, que no existe aún, y por ahí le hacen juicio por difamación o por invasión de privacidad, en teoría el no ser miembro del regulador puede ser tomado en su contra. Y eso puede llevar a multas feroces que son las “costas ejemplares”...
–Es una forma de obligar a todos a ser parte del grupo o del consejo y, obvio, ¿se decide en forma colectiva si se castiga o se protege a un miembro de la cofradía?
–Sí. Significa que no es necesario ser miembro, pero si decide no serlo piense en las consecuencias posibles.
–La creación del ente regulador ¿tiene fecha de inicio o razones de disolución, si fuera necesario?
–No. No hay fechas ni limitaciones por ahora, al menos que se emita otra Carta Real. El regulador del regulador va a poder considerar la labor y los procedimientos cada tantos años para saber si se está trabajando correctamente. Si su labor fuera insuficiente, puede ser disuelto, pero eso no conviene porque habría que formar otro ente regulador.
–Qué interesante y complejo, y qué bien refleja el funcionar del establishment.
–Sí.
–Hablemos de privacidad y las posibilidades de informar de la prensa sobre lo que hace otra gente a puertas cerradas. ¿Hay un nuevo concepto de privacidad que va más allá de o es una nueva versión de la antigua ley de libelo y difamación? ¿Cómo se compara Inglaterra con Francia?
–Francia tiene legislación muy estricta sobre la privacidad. Se guía por el concepto cultural de respeto a los derechos del individuo a mantener en privado su propio comportamiento. Nosotros aquí tenemos una especie de legislación en desarrollo. Tenemos la ley de Derechos Humanos que es básicamente la cooptación de la Convención Europea de Derechos Humanos, reconocemos los artículos de la Convención donde el contexto es, más que un derecho a la privacidad, el derecho a la vida en familia. Sin embargo, en casi todos los países se interpreta como privacidad a secas. No tenemos ninguna disposición constitucional que define qué es privado y qué no. Por eso usé la palabra “desarrollo”. Ha habido en los últimos años muchos casos que están buscando establecer los límites dentro de los qué se puede considerar lo privado y qué no. Ha habido mucha controversia en tiempos recientes acerca de los alcances de las cautelares, cautelares anónimas y supercautelares. En resumen, si un periódico tiene una nota sobre usted, y usted se enteró, puede recurrir a un juez y decir que no quiere que se concrete esa publicación. Esa es la cautelar normal, queda un registro judicial. El próximo paso es la cautelar anónima en donde se informa al juez que uno quiere evitar una publicación del nombre propio, que publiquen la nota pero que atribuyan a fuentes. Y la próxima es la supercautelar que va contra todos los medios para evitar una publicación. Muchas veces todos los medios saben quién interpuso, pero si se trata de una corporación grande, no se desafía. En general se considera que el mecanismo se presta al abuso. Uno de los casos más sonados es de hace unos años y refiere a una empresa petrolera y minera, Trafigura, con base en Suiza, que tiene una filial en Argentina, que metió una supercautelar para que no se diera a conocer un derrame de petróleo frente a la costa de Africa occidental que había afectado la salud de la población. La acción legal finalmente fue descarrilada por un diputado que usó su privilegio parlamentario. Fue la única forma.
–Y así va evolucionando un nuevo concepto de privacidad.
–El tema de privacidad fue en gran medida el objetivo de la Comisión Leveson. Surge de las escuchas telefónicas del News of the World utilizadas por personal de redacción e investigadores privados. El “hackeo” telefónico es técnicamente ilegal desde 2002, algo que cubre toda la gama de tecnología moderna. La evidencia grabada por la policía ha sido ilegal desde mucho antes. Aquí se trataba de “hackeo” de mensajes personales e involucraba un nuevo concepto para responder a la nueva tecnología. No es difícil entrar en cualquier equipo. Mucha gente –me incluyo– no usa la clave para entrar a la computadora. Pero aun si lo hiciera no es difícil descifrar una clave personal. En el caso del News of the World el “hackeo” era parte de la cultura de la redacción. Entraban en todo en todas partes. Cualquier persona pública era un objetivo lícito. Había cientos y cientos de personas cuyos mensajes se intervenían todo el tiempo. Eso no está bien. Y fue eso, en esencia, lo que llevó a la investigación de Leveson y a todas las causas penales que se tramitan.
La privacidad juega una parte importante del informe Leveson. Ahora, sin embargo, estamos camino a otro extremo. Siempre existe un equilibrio entre privacidad y libre expresión. Desde Leveson el péndulo se corre hacia la privacidad. Por ejemplo, uno de los extremos propuestos es que la policía no puede nombrar a un detenido, nunca. Está visto como protección de privacidad. Es problemático para la prensa. Todos podemos entender momentos en que no se debería identificar a alguien, pero trabajar bajo la regla de nunca jamás nombrar se presta al abuso: muchos saben del peligro en la represión cuando se es arrestado y no puede circular el nombre de un detenido cuya vida puede estar en peligro.
–Es extraño, los ingleses son tan reservados en torno de la privacidad que ni siquiera quieren hablar del óxido bajo el coche, y aquí estamos ante un debate mayúsculo en torno de cuánta privacidad se respeta y cuánto no.
–Es un aspecto. Hay otros, espero, que incluyen una saludable sospecha en torno de nuestros superiores, políticos y sociales. Se basa en la desconfianza de que los importantes nos pueden estar engañando o que no sabemos algo de ellos que deberíamos conocer. Espero que no se pierda esa desconfianza hacia todo funcionario o persona que pasa por el poder.
–¿Cuál es la posición tomada por una revista especializada como Index on Censorship?
–Nos preocupa principalmente que la instauración de un ente regulador a través del Parlamento signifique que los políticos puedan maniobrar hasta llegar a una posición por encima de los medios. Tenemos leyes de difamación, de privacidad, de protección de datos, pero se refieren a toda la sociedad, no sólo la prensa. Son universales. Lo que se ha creado aquí con las “costas ejemplares” es un sistema en el que la prensa está en una esquina y todos los demás en otra. Casi vendría a ser una Justicia diferencial. La otra consideración es fascinante y refleja la incoherencia de la legislación. Tiene que ver con que nadie sabe ya cómo definir a la prensa. ¿Qué es? Hubo un momento divertido, cuando se inició todo este proceso, que nos preguntábamos a quién afectaba. Las disposiciones decían que afectaba “a los editores específicos de material relacionado con la noticia”. ¿Qué es una noticia, qué es un editor? Hace veinte o treinta años se requería una imprenta, una redacción, un editor. Ahora hay blogueros. Son editores, ¿no? Cuando se conoció el informe Leveson era evidente que en el apuro por producir una legislación quedaron muchas consideraciones afuera. Cuando se conoció el informe, la editora de un sitio digital enorme, Mumset, leído por millones, llamó al Ministerio de Cultura para saber si estaba incluido su sitio. Le dijeron que no sabían.
La legislación está mal. Hubo mucho apuro. Cuando un primer ministro anuncia que va a introducir la legislación más dura, no la más justa, algo anda mal. No se debe crear un mecanismo en el que el Estado puede influir en la información y la prensa.
Fuente: Página 12
sábado, 22 de diciembre de 2012
La Justicia dictó la constitucionalidad de la LSCA
12 de diciembre de 2012
El juez federal civil y comercial Horacio Alfonso declaró "constitucional" el artículo 161 de la ley de medios, que había sido objetado por el grupo Clarín, que rechaza cumplir con la adecuación de la norma votada en el Congreso hace tres años.
El magistrado dictaminó que "no se vislumbra afectación a la libertad de expresión" y tampoco "resulta de la causa" que el articulado de la Ley de Medios.
A través de un documento de 62 páginas, Alfonso rechazó la “acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por el Grupo Clarín” y ofrendó, “como consecuencia, el inmediato levantamiento de toda medida cautelar dictada en el presente proceso”.
De esta forma, el fallo dictado por el juez de primera instancia dejó en plena vigencia la LSCA, poniendo punto final a la medida cautelar interpuesta hace tres años por el multimedios y prorrogada por la sala I de la Cámara Civil y Comercial, aún cuando la Corte Suprema había fijado el 7 de diciembre como fecha máxima para la vigencia de la cautelar.
Por medio del fallo, Alfonso además, dejó sin efecto la “habilitación de las horas y días inhábiles” que habían sido habilitadas para que el juez resolviera respecto de la cuestión de fondo, aún en períodos correspondientes a la feria judicial.
Hacia el final del documento, el magistrado destaca que “conviene recordar que el interés general tenido en mira por el nuevo ordenamiento, responde al objetivo de diversificar la oferta informativa y ampliar la posibilidad de ejercer la libertad de expresión a la mayor cantidad posible de medios de comunicación”.
En el mismo sentido afirma que lo que intenta la Ley de Medios “no es afectar la libertad de prensa y de expresión, sino antes bien, que se genere una multiplicidad de canales de comunicación audiovisual”.
En ese marco, el juez advierte que “no se advierte la existencia de un interés superior que autorice a prohibir lisa y llanamente -con los alcances y el sentido en el que ha sido formulada la presentación actoral-, que el sistema de licencias múltiples de radiodifusión sea objeto de un nuevo tratamiento, regulación y distribución”.
Otro de los temas importantes a los que apunta el fallo de Alfonso es el referido al plazo de adecuación de los grupos mediáticos a la nueva ley. Allí advierte que “han transcurrido hasta el presente más de 3 años desde el dictado de la norma, plazo que se estima como razonable para que las accionantes hubieran elaborado racional, conveniente y organizadamente un programa progresivo de adecuación, por lo que queda también sin efecto ni virtualidad actual el fundamento esgrimido”.
Sobre la formulación de un eventual reclamo indemnizatorio, el juez sostiene que “la eventual existencia de daños y perjuicios de orden patrimonial resultante de la aplicación de las normas de la ley solo será susceptible de concreción y devaluación de reclamo indemnizatorio una vez materializada la obligación de desinversión”.
Entre las opiniones y afirmaciones que vierte sobres el fallo, señala en la página 41 que “la ley 26.522 regula los servicios de comunicación audiovisual y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia, y declara la actividad de dichos servicios como de interés público”.
En el mismo sentido indica que “a través de ella se exterioriza el derecho humano de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones ideas y opiniones”. Sobre la afirmación del Grupo Clarín respecto de que la norma puede afectar la libertad de expresión, el juez sostiene en la página 47 de su fallo que no se vislumbra “afectación a la libertad de expresión”, así como tampoco “resulta de la causa ni ha sido demostrado que tal regulación carezca de racionalidad o los medios implementados resulten inadecuados o inconducentes”.
Fuente: Télam
El juez federal civil y comercial Horacio Alfonso declaró "constitucional" el artículo 161 de la ley de medios, que había sido objetado por el grupo Clarín, que rechaza cumplir con la adecuación de la norma votada en el Congreso hace tres años.
El magistrado dictaminó que "no se vislumbra afectación a la libertad de expresión" y tampoco "resulta de la causa" que el articulado de la Ley de Medios.
A través de un documento de 62 páginas, Alfonso rechazó la “acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por el Grupo Clarín” y ofrendó, “como consecuencia, el inmediato levantamiento de toda medida cautelar dictada en el presente proceso”.
De esta forma, el fallo dictado por el juez de primera instancia dejó en plena vigencia la LSCA, poniendo punto final a la medida cautelar interpuesta hace tres años por el multimedios y prorrogada por la sala I de la Cámara Civil y Comercial, aún cuando la Corte Suprema había fijado el 7 de diciembre como fecha máxima para la vigencia de la cautelar.
Por medio del fallo, Alfonso además, dejó sin efecto la “habilitación de las horas y días inhábiles” que habían sido habilitadas para que el juez resolviera respecto de la cuestión de fondo, aún en períodos correspondientes a la feria judicial.
Hacia el final del documento, el magistrado destaca que “conviene recordar que el interés general tenido en mira por el nuevo ordenamiento, responde al objetivo de diversificar la oferta informativa y ampliar la posibilidad de ejercer la libertad de expresión a la mayor cantidad posible de medios de comunicación”.
En el mismo sentido afirma que lo que intenta la Ley de Medios “no es afectar la libertad de prensa y de expresión, sino antes bien, que se genere una multiplicidad de canales de comunicación audiovisual”.
En ese marco, el juez advierte que “no se advierte la existencia de un interés superior que autorice a prohibir lisa y llanamente -con los alcances y el sentido en el que ha sido formulada la presentación actoral-, que el sistema de licencias múltiples de radiodifusión sea objeto de un nuevo tratamiento, regulación y distribución”.
Otro de los temas importantes a los que apunta el fallo de Alfonso es el referido al plazo de adecuación de los grupos mediáticos a la nueva ley. Allí advierte que “han transcurrido hasta el presente más de 3 años desde el dictado de la norma, plazo que se estima como razonable para que las accionantes hubieran elaborado racional, conveniente y organizadamente un programa progresivo de adecuación, por lo que queda también sin efecto ni virtualidad actual el fundamento esgrimido”.
Sobre la formulación de un eventual reclamo indemnizatorio, el juez sostiene que “la eventual existencia de daños y perjuicios de orden patrimonial resultante de la aplicación de las normas de la ley solo será susceptible de concreción y devaluación de reclamo indemnizatorio una vez materializada la obligación de desinversión”.
Entre las opiniones y afirmaciones que vierte sobres el fallo, señala en la página 41 que “la ley 26.522 regula los servicios de comunicación audiovisual y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia, y declara la actividad de dichos servicios como de interés público”.
En el mismo sentido indica que “a través de ella se exterioriza el derecho humano de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones ideas y opiniones”. Sobre la afirmación del Grupo Clarín respecto de que la norma puede afectar la libertad de expresión, el juez sostiene en la página 47 de su fallo que no se vislumbra “afectación a la libertad de expresión”, así como tampoco “resulta de la causa ni ha sido demostrado que tal regulación carezca de racionalidad o los medios implementados resulten inadecuados o inconducentes”.
Fuente: Télam
lunes, 7 de mayo de 2012
Fueron designados los directores de las radios de la UNER
Las radios de la UNER concluyeron la etapa experimental y se encuentran en proceso de elaborar la producción propia. En este marco se reunió por vez primera el Consejo Editorial del Sistema Integrado de Radio, conformado por FM 100.3 Radio UNER Paraná, FM 97.3 Radio UNER Concordia y FM 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay.
En la reunión fueron aceptados los candidatos propuestos por los Consejos Consultivos locales para dirigir cada una de las estaciones. Así es que quedó a cargo de la radio de Paraná José Trovatto; de la de Concordia, Alejandro Giano; y de la de Concepción del Uruguay, María Beatriz Scotto. En el encuentro realizado en Villaguay la semana pasada, también fueron aprobadas las programaciones propuestas para cada una de las radios.
A su vez, se decidió comenzar con la elaboración de un documento que especifique las políticas de programación en el que se contemple el perfil institucional y el lugar social que aspiran a ocupar las emisiones universitarias. Asimismo, se debatió en torno a la propuesta de la normativa para la gestión administrativa de fondos, la generación de recursos propios y el uso de espacios radiofónicos.
En este marco se abordaron las implicaciones de La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que concibe a los medios de comunicación de las universidades como parte del Sistema de Medios Públicos. Entre otras cuestiones, esto significa la posibilidad de vender publicidad. En este sentido hubo consenso para normar la administración y la distribución de los recursos a partir de lo propio producido.
Se discutió también en torno a la figura más adecuada para contratar los planteles que integran las radios.
RESEÑA. El presidente del Consejo, Daniel De Michele, y el director del SIR, Aldo Rotman, al inicio de la reunión hicieron una breve reseña de la historia del proyecto y dieron cuenta del estado de situación del sistema de emisoras. El Consejo Editorial del Siruner está conformado por representantes de cada unidad académica, del Consejo Superior y es presidido por el secretario de Extensión Universitaria y Cultura.
Fuente: El Diario
En la reunión fueron aceptados los candidatos propuestos por los Consejos Consultivos locales para dirigir cada una de las estaciones. Así es que quedó a cargo de la radio de Paraná José Trovatto; de la de Concordia, Alejandro Giano; y de la de Concepción del Uruguay, María Beatriz Scotto. En el encuentro realizado en Villaguay la semana pasada, también fueron aprobadas las programaciones propuestas para cada una de las radios.
A su vez, se decidió comenzar con la elaboración de un documento que especifique las políticas de programación en el que se contemple el perfil institucional y el lugar social que aspiran a ocupar las emisiones universitarias. Asimismo, se debatió en torno a la propuesta de la normativa para la gestión administrativa de fondos, la generación de recursos propios y el uso de espacios radiofónicos.
En este marco se abordaron las implicaciones de La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que concibe a los medios de comunicación de las universidades como parte del Sistema de Medios Públicos. Entre otras cuestiones, esto significa la posibilidad de vender publicidad. En este sentido hubo consenso para normar la administración y la distribución de los recursos a partir de lo propio producido.
Se discutió también en torno a la figura más adecuada para contratar los planteles que integran las radios.
RESEÑA. El presidente del Consejo, Daniel De Michele, y el director del SIR, Aldo Rotman, al inicio de la reunión hicieron una breve reseña de la historia del proyecto y dieron cuenta del estado de situación del sistema de emisoras. El Consejo Editorial del Siruner está conformado por representantes de cada unidad académica, del Consejo Superior y es presidido por el secretario de Extensión Universitaria y Cultura.
Fuente: El Diario
jueves, 29 de marzo de 2012
Televisión digital: GINGA
27 de marzo de 2012
¿En qué se diferencia el Ginga argentino del brasileño? El argentino apuesta al software libre, mientras que el otra usa componentes cerrados. O’Globo, Oracle y Totvs, en busca del monopolio.
Por Mariano Blejman
El ginga es un movimiento básico de la capoeira, danza brasileña, que pretende engañar al adversario, induciendo un ataque y dándole al capoeirista la posibilidad de contraatacar con eficiencia. Es así: Argentina y Brasil estén haciendo sus propios movimiento de ginga por el control del software que maneja los decodificadores para la televisión digital. El software de Ginga.ar ya está instalado en el millón de decodificadores que entregó el gobierno argentino y está a punto de ser adoptado por Venezuela y otros países de la región. El controlador Ginga –técnicamente un middelware– permite a la televisión comportarse de forma interactiva y “conversar” con Internet. Sin Ginga, la televisión digital es meramente receptora de señal.
Pero no pelean sólo por ganar el combate –por ver quién baila mejor–, sino que se enfrentan dos modelos culturales. El argentino, impulsado por el Ministerio de Planificación, fue desarrollado como software libre, mientras que la versión a la que apuesta la industria brasileña con O’Globo y Totvs a la cabeza utiliza un componente de Java, software cerrado propiedad de Oracle. ¿Y qué importa? Importa. ¿Puede una sola empresa arrogarse el derecho de manejar lo que ocurre entre el televisor e Internet? Bueno, como poder, puede. Las técnicas monopólicas inundan el mercado del software desde comienzos de los años ’90. “Pero además de cuestiones ideológicas por las cuales Ginga debe ser software libre, es que tiene que ir evolucionando y las empresas de software o de medios tienen que entenderse con ella. Tienen que ser capaces de mejorarla y utilizarla, eso con un producto cerrado es bastante más complejo. Quisimos plantar un umbral de tecnología. Sentamos una plataforma tecnológica mínima encima de la cual se puede crecer. La mejor forma para que eso pase es que sea software libre”, cuenta Gabriel Baum al frente del laboratorio Lifia de la Universidad Nacional de La Plata y al mando del Ginga.ar.
¿Y qué pasaría si ese software no fuera libre?, se le pregunta a Baum. “Si no lo fuera, se generarían monopolios inevitablemente. Si la interactividad pasa a ser algo rentable en televisión, quien domine la tecnología va a poner las condiciones de mercado para decidir qué se hace y qué no se hace. Como en todo nacimiento tecnológico, alguien se adueña de la tecnología y marca el ritmo. Podría apropiarse el Estado pero no tiene sentido. Esto va a ser parte de la comunicación y no es menor que se quiera imponer un monopolio en términos de tecnología para la comunicación”, responde Baum, amagando con la cabeza como quien baila capoeira.
Las empresas brasileñas en tándem salieron a criticar la decisión del gobierno argentino de licitar equipos bajo la norma Ginga-NCL desarrollada en los laboratorios Lifia y TeleMídia (PUC/Rio, Brasil), donde surgió originalmente el proyecto. La apuesta fuerte de O’Globo, que maneja el 75 por ciento del negocio de la televisión, es por controlar el dispositivo regionalmente para ser un competidor global: con el campeonato mundial y las Olimpíadas en puerta, Brasil estará en el centro de la escena mediática. Eso llevó a Gabriel Baum del Lifia y a Luis Fernando Gomes Soares de Telemidia a realizar una declaración conjunta para desmentir que Ginga.ar se estuviera “saliendo de la norma”, como declararon directivos de Totvs en foros internacionales.
Del lado del Ginga.ar se espera que una próxima camada de netbooks del programa Conectar Igualdad sea distribuida con receptores de televisión digital. El gobierno venezolano está a punto de implementarla, ya que por ley no pueden usar software privado. Chávez comprará 300 mil conversores digitales y trece estaciones de televisión digital de Argentina por un monto de 51 millones de dólares, llegando inicialmente al 25 por ciento de la población. También se llevarán contenidos digitales del Bacua (Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino) y está por definirse, según Baum, el desarrollo de una o dos aplicaciones Ginga específicas sobre temas de gobierno electrónico. El acuerdo terminó de cerrarse en el megaencuentro Patria Grande Conectada, desarrollado en Tecnópolis la semana pasada. También Ecuador, Uruguay y Chile han demostrado interés en la versión argentina y los desarrollos locales siguen avanzando. Además de La Plata, también están involucrados laboratorios tecnológicos de Bahía Blanca, Tandil, UTN, San Martín, UBA, 3 de Febrero y Río Cuarto, entre otras.
GingaJ, la versión desarrollada en Java, le permite a Oracle cobrar por licencias, “pero eso no es lo peor”, dice Baum. “En Brasil, después de hacer varias investigaciones académicas, descubrieron que las condiciones que impone Oracle para el GingaJ son realmente leoninas. Cualquiera que haga desarrollos sobre GingaJ va a tener que entregarle el código a Oracle antes de incorporarlo. Gente de Paraíba que había desarrollado aplicaciones para GingaJ se echaron para atrás porque empezaron a ver que la letra chica los convertía en dependientes”, cuenta Baum. La jugada de Topvs, gigante del software brasileño, es competir mundialmente contra los grandes jugadores como GoogleTV o AppleTV y apuestan a la comunidad de desarrolladores de Java unas 140 mil personas en todo el mundo. Pero la alianza de Oracle, O’Globo y Topvs está apoyada también por la industria electrónica brasileña, que comenzó a apostar por su propio GingaJ con el riesgo de no poder exportar sus aparatos electrónicos hacia el resto de América latina. Otro pasito de capoeira.
Fuente: Página 12
La guerra por el control del control: ver online
Por Mariano Blejman
El ginga es un movimiento básico de la capoeira, danza brasileña, que pretende engañar al adversario, induciendo un ataque y dándole al capoeirista la posibilidad de contraatacar con eficiencia. Es así: Argentina y Brasil estén haciendo sus propios movimiento de ginga por el control del software que maneja los decodificadores para la televisión digital. El software de Ginga.ar ya está instalado en el millón de decodificadores que entregó el gobierno argentino y está a punto de ser adoptado por Venezuela y otros países de la región. El controlador Ginga –técnicamente un middelware– permite a la televisión comportarse de forma interactiva y “conversar” con Internet. Sin Ginga, la televisión digital es meramente receptora de señal.
Pero no pelean sólo por ganar el combate –por ver quién baila mejor–, sino que se enfrentan dos modelos culturales. El argentino, impulsado por el Ministerio de Planificación, fue desarrollado como software libre, mientras que la versión a la que apuesta la industria brasileña con O’Globo y Totvs a la cabeza utiliza un componente de Java, software cerrado propiedad de Oracle. ¿Y qué importa? Importa. ¿Puede una sola empresa arrogarse el derecho de manejar lo que ocurre entre el televisor e Internet? Bueno, como poder, puede. Las técnicas monopólicas inundan el mercado del software desde comienzos de los años ’90. “Pero además de cuestiones ideológicas por las cuales Ginga debe ser software libre, es que tiene que ir evolucionando y las empresas de software o de medios tienen que entenderse con ella. Tienen que ser capaces de mejorarla y utilizarla, eso con un producto cerrado es bastante más complejo. Quisimos plantar un umbral de tecnología. Sentamos una plataforma tecnológica mínima encima de la cual se puede crecer. La mejor forma para que eso pase es que sea software libre”, cuenta Gabriel Baum al frente del laboratorio Lifia de la Universidad Nacional de La Plata y al mando del Ginga.ar.
¿Y qué pasaría si ese software no fuera libre?, se le pregunta a Baum. “Si no lo fuera, se generarían monopolios inevitablemente. Si la interactividad pasa a ser algo rentable en televisión, quien domine la tecnología va a poner las condiciones de mercado para decidir qué se hace y qué no se hace. Como en todo nacimiento tecnológico, alguien se adueña de la tecnología y marca el ritmo. Podría apropiarse el Estado pero no tiene sentido. Esto va a ser parte de la comunicación y no es menor que se quiera imponer un monopolio en términos de tecnología para la comunicación”, responde Baum, amagando con la cabeza como quien baila capoeira.
Las empresas brasileñas en tándem salieron a criticar la decisión del gobierno argentino de licitar equipos bajo la norma Ginga-NCL desarrollada en los laboratorios Lifia y TeleMídia (PUC/Rio, Brasil), donde surgió originalmente el proyecto. La apuesta fuerte de O’Globo, que maneja el 75 por ciento del negocio de la televisión, es por controlar el dispositivo regionalmente para ser un competidor global: con el campeonato mundial y las Olimpíadas en puerta, Brasil estará en el centro de la escena mediática. Eso llevó a Gabriel Baum del Lifia y a Luis Fernando Gomes Soares de Telemidia a realizar una declaración conjunta para desmentir que Ginga.ar se estuviera “saliendo de la norma”, como declararon directivos de Totvs en foros internacionales.
Del lado del Ginga.ar se espera que una próxima camada de netbooks del programa Conectar Igualdad sea distribuida con receptores de televisión digital. El gobierno venezolano está a punto de implementarla, ya que por ley no pueden usar software privado. Chávez comprará 300 mil conversores digitales y trece estaciones de televisión digital de Argentina por un monto de 51 millones de dólares, llegando inicialmente al 25 por ciento de la población. También se llevarán contenidos digitales del Bacua (Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino) y está por definirse, según Baum, el desarrollo de una o dos aplicaciones Ginga específicas sobre temas de gobierno electrónico. El acuerdo terminó de cerrarse en el megaencuentro Patria Grande Conectada, desarrollado en Tecnópolis la semana pasada. También Ecuador, Uruguay y Chile han demostrado interés en la versión argentina y los desarrollos locales siguen avanzando. Además de La Plata, también están involucrados laboratorios tecnológicos de Bahía Blanca, Tandil, UTN, San Martín, UBA, 3 de Febrero y Río Cuarto, entre otras.
GingaJ, la versión desarrollada en Java, le permite a Oracle cobrar por licencias, “pero eso no es lo peor”, dice Baum. “En Brasil, después de hacer varias investigaciones académicas, descubrieron que las condiciones que impone Oracle para el GingaJ son realmente leoninas. Cualquiera que haga desarrollos sobre GingaJ va a tener que entregarle el código a Oracle antes de incorporarlo. Gente de Paraíba que había desarrollado aplicaciones para GingaJ se echaron para atrás porque empezaron a ver que la letra chica los convertía en dependientes”, cuenta Baum. La jugada de Topvs, gigante del software brasileño, es competir mundialmente contra los grandes jugadores como GoogleTV o AppleTV y apuestan a la comunidad de desarrolladores de Java unas 140 mil personas en todo el mundo. Pero la alianza de Oracle, O’Globo y Topvs está apoyada también por la industria electrónica brasileña, que comenzó a apostar por su propio GingaJ con el riesgo de no poder exportar sus aparatos electrónicos hacia el resto de América latina. Otro pasito de capoeira.
Fuente: Página 12
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