Escuchar aquí entrevista a Santiago Marino sobre la reforma en telecomunicaciones de 2013 en México, en FM La Tribu. La Mar en coche.
Reforma de Telecomunicaciones en México, 2013
La reforma
en telecomunicaciones de 2013 en México es una reforma constitucional
presentada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dentro del
marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México. Fue
aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2013 y por el Senado de
la República cinco días después. El 22 de mayo de 2013, la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión la declaró constitucional. Fue promulgada por el
Presidente Enrique Peña Nieto el 10 de junio de 2013 y publicada al día
siguiente en el Diario Oficial de la Federación.
El 2 de
diciembre de 2012, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; Gustavo
Madero Muñoz, Presidente del Partido Acción Nacional; Cristina Díaz Salazar,
Presidente Interina del Partido Revolucionario Institucional; y Jesús Zambrano
Grijalva, Presidente del Partido de la Revolución Democrática, firmaron el
Pacto por México. Uno de los cinco grandes acuerdos es la generación de
condiciones para el crecimiento económico, los empleos y la competitividad, el
cual a su vez contiene dos acuerdos:2
- · Extender los beneficios de una economía formada por mercados competidos
- · Garantizar acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial
Se reforman
el artículo 6 para regular el derecho a la información y la protección de datos
personales; el artículo 7 para establecer la inviolabilidad de la difusión de
opiniones, información e ideas a través de cualquier medio; los artículos 27 y
28 para conferir al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad de
otorgar y revocar concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones
y que sus decisiones solo puedan ser impugnadas mediante juicio de amparo
indirecto; el artículo 73 para dotar al Congreso de facultades expresas para
dictar leyes en materia de tecnologías de la información y la comunicación,
radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet; el
artículo 78 para suprimir la facultad de la Comisión Permanente de ratificar
los nombramientos de los integrantes de los órganos reguladores en materia de
telecomunicaciones y competencia económica; y el artículo 94 para que el
Consejo de la Judicatura Federal determine el número, división de circuitos,
competencia territorial y especialización en materia a los juzgados y
tribunales especializados en radiodifusión, telecomunicaciones y competencia
económica.
Se adicionan
el artículo 6 para garantizar la inclusión de la población a la sociedad de la
información y del conocimiento y su acceso a las tecnologías de la información
y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha
e Internet, siendo éstos prestados en condiciones de competencia, calidad,
pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y
continuidad, para determinar que los ataques a la vida privada son una
limitación a la libertad de difusión (anteriormente ubicada en el artículo 7),
para establecer un organismo público que proveerá el servicio de radiodifusión
sin fines de lucro; y el artículo 28 para crear la Comisión Federal de
Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones y para
permitir a este último las acciones necesarias para evitar prácticas desleales
o monopólicas y establecer medidas correctiva.
En los
artículos transitorios se establece que el Congreso de la Unión realizará las
adecuaciones correspondientes al marco jurídico y el ordenamiento legal sobre
el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y las redes
de telecomunicaciones; que se permite la inversión extranjera directa hasta el
cien por ciento en telecomunicaciones y comunicaciones vía satélite y hasta el
cuarenta y nueve por ciento en radiodifusión; que el Presidente de la República
tiene a cargo la política de inclusión digital; y otras disposiciones más.
La
iniciativa llega a la Cámara de Diputados el 11 de marzo de 2013 a través de la
Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación mediante
oficio del Subsecretario Felipe Solís Acero a la Mesa Directa de la Cámara. Al día
siguiente, 12 de marzo se envía para su estudio y análisis a la Comisión de
Puntos Constitucionales.
El 14 de
marzo, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general y en lo
particular el dictamen recibido. Una semana después, el pleno de la Cámara de
Diputados inició la discusión del dictamen de reforma y agregó una veintena de
cambios, aprobando el dictamen en lo general con 414 votos a favor, 50 en
contra y 8 abstenciones. Durante la discusión en lo particular se rechazaron
las reservadas presentadas por algunos diputados y posteriormente se envió al
Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Dentro de
las modificaciones que se le hicieron a la iniciativa presidencial se
encuentran: que Secretario de Comunicaciones y Transportes emita una opinión no
vinculante al Instituto Federal de Telecomunicaciones para el otorgamiento y
retiro de concesiones; la ampliación del tiempo para la licitación de las
nuevas cadenas de televisión, la autorización para inversión extranjera en
radiodifusión hasta por cuarenta y nueve por ciento, así la promoción de
contenidos a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, y la obligación de
dar espacio a los productores independientes.
El Senado de
la República recibió el 2 de abril la minuta de la Cámara de Diputados y la
turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Comunicaciones y
Transporte, Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con
opinión de las de Gobernación y de Justicia.
El 9 de
abril se llegó al acuerdo sobre la ruta crítica para el análisis y discusión de
la minuta de reforma, en el que se incluyen foros con especialistas,
académicos, técnicos e involucrados en los temas de la reforma. Así, durante
los días 10, 11 y 12 de abril, el Senado de la República recibió a
representantes diversas instituciones, entre ellas las siguientes:
- · Centro de Investigación y Docencia Económicas
- · Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
- · Observatel
- · Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales
- · Asociación Mexicana de Derecho a la Información
- · Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones
- · Movimiento YoSoy132
- · Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
- · Cámara Nacional de las Telecomunicaciones por Cable
- · Cámara Nacional de Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
- · Asociación Nacional de Telecomunicaciones
- · Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
- · Competitive Intelligence Unit
- · Comisión Federal de Telecomunicaciones
- · Consejo Coordinador Empresarial
- · TV UNAM
- · Congreso Nacional de Comunicación Indígena
- · Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana
- · Comisión Federal de Competencia
- · Días después de concluidos los foros consultivos, se recibió la opinión positiva de la Comisión de Gobernación.
El 19 de
abril, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Comunicaciones y
Transporte, Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos,
aprobaron el dictamen de reforma con 18 modificaciones. Ese mismo día inicia el
análisis y discusión por el pleno del Senado y se aprueba en lo general con 118
votos a favor y 3 en contra y en lo particular.
Al ser
aprobada con modificaciones, la iniciativa fue devuelta a la Cámara de Diputados
para su análisis, discusión y votación en los términos del artículo 72
constitucional.
El 29 de
abril, el pleno del Senado de la República conoció de primer lectura los cambios
que realizó la Cámara de Diputados. Al día siguiente, aprobó, con 108 votos a
favor, 3 en contra y 2 abstenciones, la modificación a la reforma en materia de
telecomunicaciones; concluyendo así su discusión y análisis en el Congreso de
la Unión para pasar a las legislaturas locales.
Según lo
dispuesto en el artículo 135 constitucional, al ser la reforma en
telecomunicaciones una reforma constitucional, para que sea válida después de
aprobada por dos terceras partes de las Cámaras de Congreso de la Unión, la
mayoría de las legislaturas de los estados deben aprobar las reformas y
adiciones del proyecto de decreto. El primer
estado en aprobar la reforma fue el Estado de México. Una vez ratificada por la
mayoría de los congresos estatales, el 22 de mayo de 2013, la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma.
Fue
promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto el 10 de junio de 2013 teniendo
como testigos a los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, su
Secretario de Comunicaciones y Transportes, los coordinadores parlamentarios
del Senado y de la Cámara de Diputados, así como gobernadores y demás miembros
de su gabinete. Al día siguiente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
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Artículos periodísticos durante el debate en 2013:
19 de marzo de 2013
Por Gerardo Albarrán de Alba
Desde México DF
Entre la sorpresa de algunos críticos y la desconfianza que prevalece no sólo entre los jóvenes del movimiento #YoSoy132 sino del principal órgano empresarial del país, Enrique Peña Nieto dio un nuevo golpe efectista para reafirmar su legitimidad como presidente de México mediante una iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones negociada con el PRI, el PAN y el PRD, la cual aborda algunos pendientes históricos en la democratización de los medios y toca directamente los intereses de los principales monopolios nacionales de televisión y telefonía, pero también deja abierta la posibilidad de intromisión gubernamental en los contenidos difundidos por los medios.
Para algunos observadores, esta reforma implica que Peña Nieto busca sacudirse la influencia de Televisa, a la que se atribuye la construcción política del actual presidente, y también un freno a las ambiciones de Carlos Slim, quien domina la telefonía y la conexión a Internet en el país.
Por lo pronto, la primera reacción de Televisa, controlada por Emilio Azcárraga Jean, y de Telmex, la empresa insignia de Slim, fue de aceptación de la iniciativa de reforma de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual gira en torno de cinco ejes: reconocer el derecho al acceso a las tecnologías de la información; considerar a las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general; la creación de órganos reguladores autónomos, así como de tribunales especializados, y nuevas atribuciones gubernamentales en materia de concesiones de radio y televisión.
Además abre hasta el 49 por ciento a la participación de la inversión extranjera en radio y televisión, hasta ahora reservados para mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, y hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones. Ambas propuestas pretenden facilitar la culminación de la transición digital terrestre a más tardar el 31 de diciembre de 2015.
A punto de ser discutida y aprobada en la Cámara de Diputados, como primer paso del largo proceso que representa una reforma constitucional, la iniciativa pretende retomar la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, que es propiedad de la nación, mediante la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sería un órgano autónomo del gobierno para sustituir a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones de Transportes y que históricamente ha sido utilizada discrecionalmente por los presidentes para presionar a los dueños de las televisoras y las estaciones de radio.
Los críticos reconocen que, pese a que tiene omisiones, contradicciones y ambigüedades, la propuesta de Peña Nieto, avalada por la oposición en el llamado Pacto por México, también representa un gran avance.
Destaca en la iniciativa la prohibición para la “transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”, una práctica común durante procesos electorales mediante la venta de notas o entrevistas a candidatos y partidos políticos, con pagos subrepticios. También se establece la obligatoriedad de “regular el derecho de réplica”, algo que no ocurre en radio y televisión.
La reforma pasa también por la digitalización de la radio y la multiprogramación, que abarca tanto radio como televisión, así como reconocer como derecho humano el acceso a la banda ancha de Internet.
En materia de competencia se abre la posibilidad de que Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, pueda entrar al negocio de la televisión restringida, algo que la administración de Felipe Calderón le negó mediante la interpretación torcida de instrumentos jurídicos, plegándose así a los deseos de Emilio Azcárraga Jean, el dueño de Televisa, que hasta ahora había logrado bloquear todo intento de competencia. De hecho, la iniciativa propone hasta dos nuevas cadenas de televisión abierta, lo que rompería el duopolio que representan Televisa y Televisión Azteca, las dos empresas que juntas controlan los principales siete canales del país.
Fuera de México, la reforma propuesta por Peña Nieto fue alabada por Financial Times, The Wall Street Journal y The Economist. El semanario estadounidense le atribuyó la intención de eliminar los bloqueos monopólicos en el sector de la telefonía, Internet y de la televisión, afectando los intereses de Azcárraga y de Slim. Por lo pronto, las acciones de Televisa y de Telmex en la Bolsa Mexicana de Valores e incluso en la Bolsa de Nueva York sufrieron considerables pérdidas la semana pasada, tras conocerse el contenido de la reforma.
Una preocupación es un añadido constitucional al artículo 6, que da al Estado la facultad de tutelar “la pluralidad y la veracidad de la información” que se difunde por medios de radiodifusión. Esto abriría las puertas para que el gobierno se erija como censor. Sin embargo, el artículo 7 de la Constitución considera “inviolable” la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio y prohíbe los controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, infraestructura y tecnologías de la información y comunicación.
El Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa a las principales empresas del país, celebró la iniciativa de reforma, pero advirtió los riesgos en materia de regulación de contenidos y los consecuentes excesos que podrían limitar la libertad de expresión en México. Por lo mismo, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios expresó su preocupación porque el nuevo órgano regulador propuesto se convierta en juez y parte, lo que tal vez desincentive la inversión privada en el sector de telecomunicaciones.
Paradójicamente, la desconfianza empresarial se empata con el rechazo del movimiento #YoSoy132, que reclamó la inclusión de las propuestas ciudadanas para validar la iniciativa de Peña Nieto, en tanto que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, junto con más de 200 organizaciones civiles y cientos de personalidades públicas, lanzó una campaña pública para presionar a los legisladores y que éstos aprueben una reforma que signifique una verdadera democratización del sistema de medios que garantice la competencia y el derecho a la información de la sociedad mexicana y no sea una mera operación de gatopardismo.
Fuente: Página 12
