En el encuentro, al que asistieron representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y de entidades de gobierno, participaron Diego de Charras, Director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA), y Wanda Fraiman, docente de la misma Carrera, ambos integrantes de la CCD.
En su exposición De Charras destacó la necesidad de que el Estado ponga a disposición del público un registro único, público, federal y de libre acceso, con información de los prestadores de servicios audiovisuales y de servicios de TIC, tal como se establece en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y que fue expuesto en los “21 Puntos por el Derecho a la Comunicación”. En relación a los sujetos obligados de proveer información también sugirió la consideración de los privados no alcanzados por la ley ante situaciones que pusieren en riesgo derechos humanos fundamentales.
Asimismo, De Charras le requirió a los legisladores que incorporasen al texto normativo la obligatoriedad para la Agencia de Acceso a la Información Pública de diseñar políticas de comunicación, con el fin de darle a conocer a la ciudadanía los mecanismos de acceso a a la información en manos del Estado, en tanto una herramienta fundamental para la participación en la vida pública. En cuanto a la autoridad de aplicación, criticó el diseño unipersonal en la gestión del organismo y, en este sentido, también sugirió la incorporación de la sociedad civil tanto en el directorio de la Agencia como de los comisionados que estuvieren al frente del Consejo Federal para la Transparencia.
Por último, con respecto a las excepciones, le solicitó a los Diputados que definan con mayor claridad las categorías de información “reservada” y/o “secreta”, para evitar la discrecionalidad de los funcionarios durante el proceso de clasificación. Además, instó a que sea exceptuada por ley la posibilidad de denegar información en aquellos casos vinculados a graves violaciones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
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